El veto total del Presidente Daniel Noboa a las reformas propuestas al Código Orgánico de Ambiente este viernes 18 de octubre, ha suscitado controversia y preocupación, especialmente en un momento en que la sostenibilidad ambiental y la gestión climática son temas cruciales para Ecuador y el mundo. A continuación, se examinan los argumentos presentados en el veto y su trasfondo.
1. Jerarquía de Leyes: Una Barrera Artificial
El argumento sobre la jerarquía legal, utilizado para justificar el veto, es uno de los pilares de la objeción presidencial. Sin embargo, si hubiera una verdadera voluntad política, las reformas podrían reestructurarse para cumplir con las exigencias constitucionales. Este argumento parece más una barrera artificial que un obstáculo insalvable.
En lugar de rechazar toda la reforma, el gobierno podría haber optado por ajustes técnicos que alinearan el texto con la Constitución, permitiendo el avance de una legislación ambiental más robusta.
2. Rol de los GAD: Un Tecnicalismo sobre la Descentralización
La objeción a la inclusión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) como actores clave en el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental parece, en el mejor de los casos, un tecnicismo. La reforma buscaba clarificar y fortalecer el papel de los GAD, fomentando una gestión ambiental más colaborativa y descentralizada.
La centralización excesiva de la toma de decisiones ambientales podría limitar el impacto positivo de las políticas locales en la protección de los ecosistemas.
3. Informe Anual de Datos Científicos: Un Pretexto Administrativo
El rechazo a la presentación de un informe anual sobre datos científicos relacionados con el ambiente parece más un pretexto administrativo que una objeción de fondo. Si bien la elaboración de este informe puede implicar una carga administrativa, es un ajuste menor que podría haberse resuelto con una enmienda, en lugar de bloquear todo el proceso reformador.
Ignorar la importancia de los datos científicos en la toma de decisiones ambientales es un retroceso para la planificación estratégica del país.
4. Participación Ciudadana: Centralización en Detrimento de la Comunidad
La participación comunitaria es clave en cualquier proceso de gestión ambiental. Sin embargo, el veto plantea que los Consejos Ciudadanos no deberían tener un rol activo en la planificación y evaluación ambiental. Esto parece más una medida para mantener el control centralizado que una preocupación legítima.
La inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones ambientales no solo fortalece la transparencia, sino que también fomenta la corresponsabilidad en la protección de los recursos naturales.
5. Impacto Fiscal: ¿Un Obstáculo para Incentivar la Inversión Verde?
El argumento fiscal es uno de los más repetidos en el veto presidencial. Se sostiene que los incentivos propuestos en la reforma podrían tener un impacto en las finanzas del Estado y que, al no ser una iniciativa presidencial, no se debería aprobar. Sin embargo, esta visión ignora el valor estratégico de estos incentivos para atraer inversión internacional en proyectos ambientales, lo cual sería crucial para reducir las emisiones de carbono y fortalecer la economía del país. Es un claro ejemplo de una oportunidad perdida para priorizar el desarrollo sostenible.
6. Regulación del Mercado de Carbono: Una Oportunidad Desperdiciada
El veto a la regulación del mercado de carbono, argumentando que este tema debería ser abordado mediante normativa secundaria, revela una falta de comprensión de la urgencia climática. En lugar de evitar legislar sobre el mercado voluntario de carbono, el gobierno debería estar buscando formas de integrar a Ecuador en un sistema global de comercio de emisiones. Ignorar esta oportunidad significa retrasar el país en la adopción de mecanismos financieros vitales para enfrentar la crisis climática.
7. Creación de Fondos de Conservación: Falta de Compromiso Real
La negativa a crear un fondo de conservación refleja una preocupante falta de compromiso con la preservación del patrimonio natural del país. Este tipo de fondos es esencial para garantizar un financiamiento constante y transparente para proyectos de conservación. En lugar de ser percibidos como un gasto, deberían considerarse una inversión a largo plazo en el bienestar ecológico y económico de Ecuador.
Conclusión: ¿Excusas o Falta de Visión?
El veto presidencial parece estar más basado en excusas legalistas que en objeciones de peso. Muchos de los puntos de conflicto podrían haberse resuelto con ajustes menores, sin necesidad de rechazar completamente la reforma. Esta decisión refleja una falta de voluntad política para que Ecuador se integre de manera efectiva en el mercado internacional de carbono y se comprometa con políticas ambiciosas para combatir el cambio climático. A largo plazo, la economía del país y su rol en la protección ambiental global podrían verse gravemente afectados por esta falta de visión.