El art. 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), en su párrafo segundo, establece que …”La entidad podrá contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la máxima autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, que se requieran de manera estricta para superar la situación de emergencia. Podrá, inclusive, contratar con empresas extranjeras sin requerir los requisitos previos de domiciliación ni de presentación de garantías; los cuales se cumplirán una vez suscrito el respectivo contrato…”

Desde la promulgación de la LOSNCP, son muchas las críticas referente a que, si bien, los procesos son más accesibles al público, los mismos no son transparentes (la publicidad de los contratos no necesariamente se traduce en transparencia), pues los pliegos parecerían direccionados. En muchos de los casos de corrupción hasta se triplican los precios unitarios y, al eliminar el control previo de la Procuraduría y Contraloría, esto ha facilitado la malversación de los fondos públicos. De hecho, esto que hemos visto actualmente, en el caso de sobreprecios de compra de mascarillas por el IESS, y en la compra de fundas que efectuó el Hospital de los Ceibos en Guayaquil, son procesos publicados en el portal de compras públicas.

El Servicio Nacional de Contratación Pública se ha visto en la necesidad de reformar los procesos de contratación por emergencia, en tal sentido emitió las resoluciones Nos. RE-SERCOP-2020-0104 y RE-SERCOP-2020-0105, del 19 de marzo y 04 de abril del 2020, respectivamente. Sin embargo, la falta de control de los organismos pertinentes junto con las máximas autoridades de las entidades contratantes (o la complicidad de ambos), lleva a que la corrupción sea definitivamente el pan de cada día en nuestro país.

Finalmente, es un despropósito con la ciudadanía que las denuncias de corrupción tengan que venir justamente por ella, mientras organismos específicamente designados a esta función no se pronuncien. Se ha hecho una especie de costumbre ahora que los ciudadanos tenemos que ver el sustento diario para nuestras familias en esta época tan difícil, ahora también debemos cuidar que los funcionarios públicos no se roben el dinero del Estado.

 

Ab. Jorge Viteri – Asociado Praetorium